Un decreto del Gobierno sobre el alquiler y los desahucios, aprobado el 29 de septiembre de 2026 y en vigor desde el 1 de octubre.
Qué cambiaba
Suspendía los desahucios de personas vulnerables (hasta 2030, según la prensa).
Permitía alargar hasta dos años los contratos de alquiler que se acababan.
Limitaba cuánto puede subir el alquiler cada año: en general, un 2%.
Ponía normas a los alquileres de temporada y por habitaciones.
Qué pasó
El Congreso lo tumbó el 2 de octubre y dejó de aplicarse. Ese mismo día tumbó también otro decreto que alargaba los alquileres (el Real Decreto-ley 27/2026). Tres días después, el presidente del Gobierno anunció elecciones anticipadas.
¿Qué es un decreto-ley?
Es una norma que el Gobierno aprueba por su cuenta cuando dice que es urgente. Se aplica enseguida, pero el Congreso tiene que votarla en un plazo de 30 días.
Votar sí era mantenerla (lo que se llama «convalidar»).
Votar no era tumbarla: deja de aplicarse (queda «derogada»).
El Gobierno, Sumar y sus socios dicen que es urgente proteger a los inquilinos frente a desahucios y subidas de precio en plena crisis de vivienda.
Los que estaban en contra
Junts, PP y Vox dicen que perjudica a los pequeños propietarios, crea inseguridad jurídica y reducirá la oferta de alquiler; piden construir más vivienda en vez de intervenir el mercado.
Nombre oficial: Convalidación del Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible (expediente 130/000055)